Nicaragüense gana reconocimiento por su labor social en EEUU

Los Ángeles, California. Los Ángeles Times. | 15 octubre de 2016

Después de 16 meses en los hogares de crianza, el futuro de un niño dependía de la atención de un trabajador social. Los antecedentes colocaban al menor centroamericano como asesino en serie y depredador sexual. La última esperanza estaba en manos de un trabajador latino: Ariel Rivera.

“El caso llega a mi cuando nadie lo quiere”, indicó Rivera, luego de recibir un reconocimiento en los Premios Cornelia Funke, al que se hizo acreedor por la forma en que resolvió la situación. “Es lo que hago todos los días”, comentó sin hacer alarde de haber logrado la reunificación familiar.

Hace ocho años ingresó al Departamento de Niños y Familia del Condado de Los Ángeles (DCFS). Al principio era un asistente, pero en el 2013 al graduarse de su maestría en la Universidad Estatal de California en L.A., asumió como parte del equipo de trabajadores sociales.

Llevaba alrededor de 12 meses en la nueva posición, cuando este oriundo de Estelí, Nicaragua recibió de la administradora de su oficina el expediente de un niño de 12 años.

“Lo comparaban con Hannibal Lecter”, aseguró el trabajador social, de 50 años de edad, en referencia al asesino y caníbal, personaje de ficción creado por el novelista Thomas Harris, que en la película “El Silencio de los Inocentes” (1988) encarnó el actor Anthony Hopkins.

En el 2014 el trabajador social Ariel Rivera, originario de Nicaragua, logró la reunificación de un niño de 12 años catalogado de alto riesgo.

El jovencito llegó a Los Ángeles para reunirse con su padre, relató Rivera. A la edad de dos años se quedó solo con su madre, en Honduras. La mujer en vez de darle amor lo maltrató físicamente de forma severa. Además, allá fue víctima de abuso sexual, antes de ingresar a una pandilla.

“Se vino huyendo porque lo estaban buscando para matarlo”, agregó.

El encuentro con su progenitor fue traumático. Antes de escaparse de la casa, acusaron al menor de haber tocado inapropiadamente a dos niñas, las hijas de la pareja de su padre. Luego de recogerlo de la calle, en el sistema fue considerado como “un niño de alto riesgo” por todo lo que provocó.

“Miré el caso de manera diferente”, manifestó Rivera, al afirmar que entiende la cultura y contexto de donde venía. Se dio cuenta también que tenía serios problemas emocionales. Al principio, cuando se hizo cargo, el padre del niño se había movido hacia el estado de Carolina del Sur.

El adolescente, entretanto, adquirió un estereotipo negativo porque llegó a decir que había matado a 50 personas. Este trabajador social, por su parte, considera que era un acto de fanfarronería, como un mecanismo de defensa, para que lo vieran como alguien rudo para que no le hicieran ‘bullying’.

Mientras estaba en el sistema, sin embargo, hizo de las suyas. Trató de asaltar sexualmente a una muchacha, intentó ahorcar a un trabajador y atacó a un guardia de seguridad. “Teníamos que hacer algo para salvar a este niño”, aseveró al detallar que la policía de Monrovia giró una orden de arresto.

Durante cuatro meses, Rivera atendió a ese menor. “Tomó mucho trabajo, mucha paciencia”, admitió. En ese tiempo evaluó la historia personal del joven. Ayudó, además, que entró en comunicación telefónica con el papá durante “muchas horas, muchos días”.

Por los antecedentes que tenía, el menor no entró en contacto con otros niños. Se le pidió a la corte que lo dejara viajar con sus familiares, para ver si lograba adaptarse a ellos y se resolvía la reunificación. “Fue un caso difícil porque había muchos problemas, estigmas y barreras”, analizó.

“En vez de apuntar y decir: ‘eres un niño malo, eres un peligro para la sociedad, dices que mataste a 50, eres un abusador sexual, vamos a encerrarte’; tratamos de juntarlo con la familia”, señaló.

El caso se cerró cuando el menor se reencontró con su padre en el 2014. Como resultado, en septiembre pasado, Rivera recibió el reconocimiento por su buena gestión.

“El reconocimiento estimula”, dijo con gran satisfacción de haber aportado al cambio de ese menor. “Si seguía de esa manera iba a entrar en la delincuencia, terminar preso o quedar muerto”.

Entre abusos, negligencia y desigualdad

El Departamento de Niños y Familia del Condado de Los Ángeles (DCFS) tiene en la actualidad 3,825 trabajadores sociales, de ellos el 40% son latinos, es decir alrededor de 1,530 empleados, seguidos por afroamericanos (24.5%), anglosajones (14%) y asiáticos (6%).

A ellos llegan los casos que se abren cuando un menor de edad está en peligro en su hogar, puede ser por abuso físico o sexual, negligencia, violencia doméstica y consumo de drogas, entre otras causas.

Amara Suárez, vocera de DCFS, afirma que los menores son sacados de sus casas “si hay suficiente evidencia”. La petición es canalizada a través de una corte. En el proceso, los padres reciben recursos y asistencia porque “la primera meta es que [los niños] se reúnan con sus papás”.

En los últimos 10 años, María Reyes ha laborado como trabajadora social. A su juicio, los problemas son los mismos en cada hogar, pero cree que algunos no saben cómo buscar ayuda. “Siempre me pongo en el lugar de esas familias, sea madre o padre, y cómo me gustaría que me trataran”.

La cultura y la educación, en ese sentido, juega un factor clave. Los problemas trascienden hasta las autoridades cuando hay un reporte de abuso, algo que a la vista de los padres quizá es visto como algo normal, porque fueron disciplinados con castigo físico y es lo que repiten en sus hijos.

“Cuando vienes a este país [te das cuenta que] las leyes funcionan de forma diferente”, manifestó Ariel Rivera, trabajador social, al explicar que hay otras formar de corregir, a fin de “cortar ese ciclo para que la próxima generación trate a sus hijos de forma diferente para que no ingresen al sistema”.

Hasta finales de agosto, el DCFS contaba con 18,000 menores en los hogares de crianza, alrededor de 9,000 se encontraban en casas de parientes como abuelos, tíos o padrinos. El 60% de esta población son de origen latino.

Astrid Heppenstall Heger, médico y directora del Programa de Intervención de Violencia (VIP) del condado, asegura que los menores que llegan al sistema son hijos de madres solteras y adolescentes; además, señala que otra causa es la pobreza en la que viven las familias de inmigrantes.

“Estamos trabajando para identificar a esas familias de forma temprana”, indicó Heppenstall, profesora de Pediatría Clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California (USC), porque si encuentran recursos obtienen apoyo “para mantener a sus niños”.

En ese sentido, Cornelia Funke, escritora de libros de ficción infantil, valora el trabajo que realizan los trabajadores sociales, labor que ella realizó en su natal Alemania durante tres años, después de obtener su licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Hamburgo.

“Ellos cambian la vida de los niños”, indicó Funke, conocida por la trilogía Inkheart. “Demuestran compasión, esperanza, [y] que puedes cambiar la vida de alguien. Si ellos no hacen eso, habría tanta desesperanza y muchos más niños y adolescentes se perderían”.

Departamento de Niños y Familia del Condado de Los Ángeles

Línea de Protección: 1-800-540-4000

 

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